Violencia institucional en el departamento Rosario

(Versión reducida del documento de la Multisectorial exponiendo las deficiencias del Ministerio Público de la Acusación respecto de las investigaciones de violencia institucional policial y penitenciaria)

Desde distintas organizaciones sociales, políticas, académicas y de Derechos Humanos venimos acompañando a familiares de víctimas de violencia institucional en la búsqueda de justicia a través de la conformación de Multisectoriales. Desde esos espacios denunciamos la grave situación de violencia institucional en el Departamento Rosario. Se trata de un fenómeno extendido, sistemático y con casos de extrema gravedad, entre los que se cuentan tres desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte.

Este fenómeno también se caracteriza por una inadecuada e insuficiente respuesta judicial, tanto por parte de los jueces como del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por un lado, hay investigaciones que directamente no se trabajan. En otras se incumplen los estándares internacionales para la adecuada detección, investigación, producción de pruebas y sanción de estas graves violaciones a los derechos humanos. El resultado es la impunidad. El inadecuado abordaje por parte del MPA hace posible que estos hechos se sigan repitiendo. El Ministerio Público de la Defensa (MPD), entre otras acciones, viene denunciando y litigando estos casos en los sistemas de derechos humanos de Naciones Unidas y en el Interamericano.

En el año 2013 se registró un récord de homicidios dolosos en la ciudad. Al mismo tiempo también se llegó al record de casos de “gatillo fácil”. Durante el año 2015 el Registro Provincial de casos de tortura, tratos crueles inhumanos y/o degradantes, malas prácticas y demás afectaciones a los DDHH perteneciente al MPD registró 274 casos de víctimas de violencia institucional, 407 casos de torturas y 15 casos de ejecuciones extrajudiciales en la circunscripción judicial de Rosario. A pesar de no contar con datos del Ministerio de Seguridad hemos relevado un total de 29 casos de violencia institucional desde que se implementó el sistema nuevo hasta diciembre del año 2015. Las víctimas de casosHerrera-Escobar1 de homicidios producidos por la policía y miembros de las fuerzas de seguridad se caracterizan por ser varones, menores de 30 años y de sectores populares. Este patrón se mantiene en los casos de torturas y malos tratos registrados por el MPD.

En relación al abordaje judicial de la violencia institucional venimos denunciando patrones de respuesta policial y judicial inadecuados y que producen impunidad. En la mayoría de los casos, las primeras actuaciones las realiza la policía. En algunos, incluso, los mismos policías autores o participes de los hechos. Esto permite la construcción de una versión policial de lo sucedido, presentando por ejemplo los casos de uso ilegal de la fuerza letal como enfrentamientos con armas. Hace posible, también, la alteración de los escenarios del hecho, la introducción de evidencia falsa y el ocultamiento de evidencia incriminatoria, como por ejemplo plantado de armas de fuego a las víctimas y/u ocultamiento de vainas servidas y balas. También denunciamos dilaciones en las investigaciones judiciales y falta de impulso por parte de los fiscales. O directamente la no investigación de los/as policías involucrados/as en los homicidios, intentos por calificar los hechos de manera menos gravosa que la que correspondería y de cerrar las causas con juicios abreviados, esto es sin investigación.

Estas cuestiones sólo resultan visibilizadas a partir del activismo de víctimas, familiares y amigos/as de las víctimas y organizaciones sociales y políticas. Sin embargo, y a pesar de la incorporación de la figura de la querella en el nuevo ordenamiento procesal penal, la participación de las víctimas en el proceso confronta dificultades, fundamentalmente cuando la víctima o los familiares que pretenden querellar no cuentan con recursos económicos. El Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos no querella en estos casos. La única institución pública con autonomía, independencia y capacidad para querellar y representar a las víctimas y sus familiares es la Defensa Pública. Sin embargo el MPA, el Poder Ejecutivo, algunos legisladores y la Corte provincial niegan esta potestad a la Defensa (la que a pesar de ello ya ha sido reconocida por tres sentencias firmes). Sin posibilidades de querellar de manera gratuita las víctimas de sectores populares ven coartado su derecho de acceso a la justicia.

CASOS PARADIGMÁTICOS:

Franco Casco: 20 años – Víctima de desaparición forzada, asesinado por la policía santafesina en octubre de 2014

Gerardo Escobar: 23 años – Víctima de desaparición forzada, asesinado por patovicas y la policía santafesina en agosto de 2015

Carlos Godoy: 25 años – Asesinado por la policía santafesina el 24 de mayo 2015

Alejandro Ponce: 23 años – Víctima de desaparición forzada el 30 de octubre de 2015

Brandon Cardozo: 16 años – Asesinado por la policía santafesina el 1º de enero de 2016

Maximiliano Zamudio: 16 años – Asesinado por la Prefectura Naval el 27 de mayo de 2015

Jonatan Herrera: 23 años – Asesinado por la policía santafesina el 4 de enero de 2015

Jonatan Ezequiel Ojeda: 17 años – asesinado por la policía santafesina en Octubre de 2015

FIRMANTES:
Multisectorial Justica por Franco Casco
Multisectorial Justicia por Gerardo Escobar
Multisectorial Justicia por Jonatan Herrera
AREC
Asamblea por los derechos de la niñez y juventud
Campaña contra la Violencia Institucional
Cátedra de Criminología y Control Social, UNR
Causa Organización Popular
Fundación Igualar
La Cámpora
Movimiento Evita
Nuevo Encuentro
Patria Grande
PTS/Ceprodh en el Frente de Izquierda

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