El PRO y el FPV, socios políticos de los nuevos ladrillos de Funes

Los vecinos del Jardín de la provincia luchan por dar marcha atrás con los polémicos emprendimientos inmobiliarios que el Concejo aprobó a las apuradas en la última sesión del 2015. La iniciativa empresarial ganó terreno gracias a una inesperada y repentina venia política. El trasfondo de un proyecto que pone en jaque la sustentabilidad de Funes.

Por Andres Actis

Son el agua y el aceite. Boca y River, si se utiliza una metáfora futbolera. Representan la antítesis en la actual coyuntura política. Cada fuerza está parada de un lado de la famosa grieta. Las diferencias, se sabe, son totales. La excepción a esta regla hay que buscarla en la vida política de Funes. Allí, el PRO y el Frente para la Victoria (FpV), los irreconciliables archirrivales, tienen algunos puntos en común. Y no en temas menores.

Ambos partidos votaron una serie de polémicas ordenanzas que habilitan la construcción de dos barrios cerrados (uno de ellos con departamentos de hasta 12 metros de altura) y de un parque industrial, tres emprendimientos que ponen en jaque la sustentabilidad de una ciudad fragmentada que arrastra problemas estructurales en cuanto a caminos, servicios, salud y educación.

Las tres futuras construcciones se emplazarán en un total de 150 hectáreas. Fueron aprobadas de forma express y a libro cerrado el 22 de diciembre del 2015, en la última sesión de un Concejo que cambió su impronta con la asunción de los ediles electos. La iniciativa más polémica consiste en el levantamiento de ocho torres de planta baja y tres pisos, con 12 metros de altura como máximo. Cada departamento tendrá entre una y tres habitaciones, y todos contarán con su cochera en el subsuelo.

El emprendimiento se denomina Fideicomiso Radar y es impulsado por la firma Desarrollo y Gestión SRL, sobre un predio de 3,3 hectáreas, en una zona delimitada por las calles Houssay, Almafuerte y el barrio cerrado Funes Hills Cadaqués.

El proyecto de ley ingresó el mismo 22 de diciembre con el formato de nota particular firmada por uno de los empresarios en la que se solicitaba la aprobación de la propuesta. Para darle curso al pedido, los concejales Luis Dolce y Carlos Olmedo, del PRO; y Roly Santacroce (candidato a intendente en las últimas elecciones)  y Juan Miguez, del peronismo, tuvieron antes que modificar la normativa de edificación vigente (ley N° 288) ya que en esa zona no puede construirse en semejante altura.

Lo llamativo es que este ambicioso plan de obra ya cuenta con el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. ¿Cómo la firma logró esta autorización? Desde la Multisectorial que se conformó para evitar estos nuevos emprendimientos, denuncian que en su día Mónica Tomei, ex intendenta, autorizó un “estudio de pre-factibilidad” mediante un decreto que nunca comunicó.

La construcción de los edificios fue rechazada por los dos ediles Ignacio Rímini y Ana Martelli, del Frente Progresista Cívico y Social. La segunda edil, sin embargo, acompañó con su voto los otros dos proyectos que se aprobaron aquel día: otro barrio cerrado ubicado entre avenida Mendoza y la autopista (Rosetti Desarrollos Urbanos) y un Parque Industrial (Rosental)

El primer emprendimiento había sido presentado y rechazado en marzo del año pasado tras estudiar su factibilidad y luego de varias reuniones con los empresarios. Mientras que el bosquejo del Parque Industrial ingresó por sorpresa al recinto por pedido de Diego Barreto, el flamante intendente del PRO. El 8 de diciembre, el Concejo había dado luz verde para crear un área industrial, pero sin un acuerdo respecto a los límites edilicios, lo que impedía avanzar en obras de esta naturaleza…

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